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"La ley no puede cambiar alegremente". Este es el argumento dado este martes por Mariano Rajoy para justificar que no hará pública la lista de los acogidos a la amnistía fiscal. El presidente del Gobierno se acogió a la ley de Protección de Datos para no revelar los nombres de las personas que presentaron una declaración tributaria especial (los ya llamados "amnistiados"). Sin embargo no se acogió - más bien se deshizo- a las leyes que regulan los delitos fiscales para poder aprobar el Decreto Ley que permitía regularizar dinero de dudosa procedencia.
El Ministerio que lidera Cristóbal Montoro lo publicó así de "alegremente" en el BOE: "El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprobará […] cuantas otras medidas sean necesarias para el cumplimiento de esta disposición adicional". Más allá de las palabras técnicas, con disposición adicional quieren decir AMNISTÍA FISCAL. Así, el Gobierno de Rajoy prometía que dejaría todo atado y bien atado para garantizar el regreso del dinero no declarado a España, o, si ya estaba en el país, que su color cambiara al blanco. Y aseguraba además el texto que los efectos jurídicos para esta declaración especial no serían los mismos que para las declaraciones que cada año presentan el resto de ciudadanos de España.Que Rajoy se acoja a la Ley de Protección de Datos, amparo que la Constitución ya reconocía como derecho en 1978 y que fue ratificado en 1995 por el Consejo Europeo mediante la Directiva 95/46/C, llama la atención. Sobre todo porque, si algo también recoge la Carta Magna es la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, y con los "amnistiados" se ha aplicado de todo, menos igualdad ante la Ley. Del mismo modo deniega el derecho de acceso a la información que tiene toda persona a conocer lo que concierne a los asuntos públicos. Y por lo menos ya se sabe que uno de los amnistiados era político; dos, hijos de un político y otros dos de ellos, empresarios a los que se le adjudicó contratas públicas.
El presidente mancilla los derechos y se lava las manos bajo el refugio de que la amnistía fiscal reduciría el déficit público. Sin embargo el tiro salió por la parte de atrás. Montoro tuvo que reconocer el pasado mes de diciembre que se había recogido 1.300 millones de euros menos de lo esperado. El ministro justificó la aplicación de esta medida asegurando que la Administración Pública conseguiría recaudar 2.500 millones de euros, y finalmente recogió 1.200 millones de euros.
La amnistía fiscal realmente sólo ha servido para sembrar la duda: De los 31.000 contribuyentes que se acogieron a ella, ¿cuántos son políticos, tienen relación con ellos y cuántos empresarios adjudicatarios de concursos públicos?
- Luis Bárcenas, exsenador del PP e imputado en Gürtel, blanqueó 10 millones de euros.
- Fernando Martín, dueño de la constructora Martinsa Fadesa e imputado en Gürtel, blanqueó 3.420 euros.
- Alfonso García-Pozuelo, expropietario de la Constructora Hispánica e imputado en Gürtel, blanqueó 531.239 euros.
- Oleguer Pujol, hijo pequeño del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, blanqueó 3 millones de euros.
- Josep Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, blanqueó 2 millones de euros.Por el momento se conoce que tres "amnistiados" estaban imputados en el 'caso Gürtel'. Uno de los puntos que dejaba claro el BOE tras la aprobación de la amnistía era: "El titular real de los bienes o derechos que se correspondan con las rentas no declaradas no podrá presentar la declaración tributaria especial cuando previamente se haya iniciado un procedimiento de comprobación o investigación respecto de él o del titular jurídico de dichos bienes o derechos".
La amnistía se asemeja a un coladero de presuntos defraudadores y corruptos y así se lo parece a los jueces. El pasado 5 de febrero el juez Pablo Ruz pidió a Hacienda los datos de los imputados en Gürtel que se habían acogido a la regularización especial. Veintiún días más tarde, el magistrado José Castro también preguntó a la administración si Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina se acogieron a la misma.
Parece evidente hasta para los jueces que más de un sospechoso se ha podido acoger a este lavado de capitales. Si Rajoy no quiere dar los datos de todos los amnistiados, al menos sí que debería tener la obligación de destapar a todos aquellos políticos que cobran o cobraron de la administración y a los empresarios que han tenido contratas estatales, autonómicas o municipales. Los ciudadanos tienen derecho a saber si figuras públicas han engordado sus bolsillos con parte de los impuestos de todos. Mientras unos pocos blanquean algo que puede ser de la mayoría, la mayoría lo único que tiene en blanca es su cuenta corriente.
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