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El juez que investiga el crédito de 26,6 millones concedido por Caja Madrid, entonces presidida por Miguel Blesa, al exconsejero Gerardo Díaz Ferrán afirma que las explicaciones de los imputados no se muestran "mínimamente verosímiles" al no haber aportado el "menor justificante" de pago del préstamo. El instructor aprecia en sus versiones, no solo un "apunte peregrino", sino indicios de criminalidad inherentes a manifiestas infracciones de buenas prácticas bancarias que además inciden en la proyección de una "imagen sumamente deteriorada" de la llevanza del riesgo y la regencia de una entidad de relieve como es Caja Madrid.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, en el marco de la investigación sobre la posible concesión irregular de un préstamo millonario a quien fuera copropietario del Grupo Marsans.
A petición de la Guardia Civil, el juez decreta en el auto el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes al tener en cuenta el alcance de la causa, los intereses en juego, su "proyección tanto a nivel social general, como especialmente respecto del sistema financiero español", así como los correos electrónicos corporativos de Blesa incorporados al procedimiento.
"Todo ello, coloca a este instructor en la necesidad de mantener la confidencialidad de los datos obtenidos, pues, de ser conocidos en el momento presente podrían comprometer muy seriamente el fin de los actos de investigación que deben practicarse, dada la posibilidad de que tales correos contengan información financiera y de gestión bancaria de carácter muy significativamente relevante para el desarrollo de esta causa", argumenta.
Un pago fácilmente acreditable
En el auto, el instructor aprovecha para señalar que de los testimonios de los imputados se deducen "indicios de criminalidad" inherentes a las "manifiestas" infracciones de buenas prácticas bancarias relacionadas con el control de riesgo, ejecución y desenvolvimiento de las "relaciones crediticias" entre Díaz Ferrán y la entidad entonces presidida por Blesa.
Blesa, Díaz Ferrán y el ex responsable de créditos a empresas en Caja Madrid, Carlos Vela, se encuentran imputados por un presunto delito societario y falsedad documental.
Advierte de que las partes se han limitado a recurrir prácticamente cuantas resoluciones ha adoptado el Juzgado, sin haber aportado "el menor justificante" de pago de los créditos cuestionados.
"Tal pago, de haberse producido como sostienen los imputados, hubiera sido acreditable con manifiesta facilidad por los mismos, en cuanto que interesados e imputados en una causa que podría sobreseerse, dada la ostensible inocencia que dimanaría de que se acreditase documental y palmariamente la regularidad y pago de dichos créditos", añade.
"Apunte peregrino" en las declaraciones
Por otro lado, el magistrado indica que las versiones de Blesa y Díaz Ferrán no se muestran "mínimamente verosímiles". El primero declara, "sin ambages", que la entidad concedía los créditos con las debidas garantías, sin que conste a día de hoy que los otorgados al ex presidente de la CEOE se hallasen "suficientemente garantizados, deduciéndose más bien lo contrario de la documentación evacuada por el Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo (OCP)".
Por su parte, el expresidente de la patronal justifica su imposibilidad de acreditar el pago en que fue abonado mediante la cesión a Caja Madrid de una supuesta concesionaria de autobuses, bajo el control social de su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio de 2012.
A juicio de Silva, tales versiones, por sí solas, a parte de su apunte peregrino, permiten entender que "lejos de acomodarse a prácticas adecuadas en el ámbito de la gestión bancaria, inciden en la proyección de una imagen sumamente deteriorada de la llevanza del riesgo y la regencia de una entidad del relieve de Caja Madrid".
El magistrado ha abierto diligencias a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en la que se acusa a Blesa de conceder un crédito "doloso" por importe de 26,5 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como "garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra".
El juez acordó en noviembre pasado reabrir las diligencias que se incoaron después de que Manos Limpias presentara una querella contra Blesa y Díaz Ferrán, que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó acumular a la causa en la que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia.
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